Diplomatura Internacional en Razonamiento legal aplicado: Diseño de sentencias y casos

Diplomatura Internacional en Razonamiento legal aplicado: Diseño de sentencias y casos

La función de la judicatura es trascendental para el derecho como sistema. Una resolución arbitraria frustra la justicia, genera dispendio jurisdiccional, crea conflictos individuales o sociales, afecta la seguridad jurídica y, por lo tanto, ralentiza la economía de un país. Por el contrario, una buena fundamentación a la hora de decidir un conflicto –que incluye, entre otras herramientas, un buen uso de la argumentación jurídica, de la gramática y de la lógica formal– devuelve la armonía a la situación conflictiva planteada en el pleito y permite que la vida de los involucrados continúe en sus cauces normales. Ciertamente existen en el derecho mecanismos para corregir sentencias mal fundamentadas, por ejemplo, la presencia de distintas instancias judiciales para su revisión o apelación. Sin embargo, la prevención es mucho más eficiente y brinda a los operadores jurídicos la confianza en el derecho como herramienta para ordenar las conductas. La teoría de la argumentación jurídica se ocupa de desarrollar reglas aplicables al discurso que faciliten discriminar entre fundamentaciones válidas e inválidas, métodos racionales y no racionales, analizar y clasificar distintas formas de argumentos posibles. Esto incluye el estudio del respeto de la lógica en los juicios y razonamientos utilizados en la argumentación judicial. Todo ello posibilita un mejor control de las decisiones jurisdiccionales tanto para terceros como para el propio sentenciante. Este último, con la técnica de la argumentación, podrá hacer el camino a la inversa de su raciocinio y auto-controlarlo. Asimismo, la teoría de la argumentación jurídica habilita a crear una “cultura del argumento” en las elaboraciones jurisprudenciales. La “cultura del argumento” aleja a los jueces de la arbitrariedad, de la discrecionalidad y los hace partícipes del principio republicano que manda a responder por sus actos y ser transparentes en sus decisiones. Es decir, esto genera mayor institucionalización y responsabilidad de los tomadores de decisiones.



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